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¿Alguien podría darme un buen argumento en contra de la prostitución?
In Movimientos Sociales
Trigeo
Filosofía UPV/EHU
23 mar 2021
UN ARGUMENTO MORAL CONTRA LA PROSTITUCIÓN P1. No todo acuerdo llevado a cabo por dos personas libres, en plena posesión de sus facultades cognitivas, es moralmente aceptable (Negación del Principio Indiscriminado de Libertad). P2. Un acuerdo es moralmente inaceptable si perjudica objetivamente a una de las partes (Objetividad del Perjuicio). P3. Un acuerdo perjudica objetivamente a una de sus partes si lo que debe aportar al acuerdo no es una aportación universalizable en una sociedad funcional (Principio de Universalización de los Bienes de Intercambio). P4. Lo que una mujer aporta a un acuerdo de prostitución no es universalizable en una sociedad funcional. Conclusión: La prostitución es moralmente inaceptable. La primera premisa del argumento es lógicamente superflua: el argumento sigue siendo válido sin ella. No obstante, es una asunción necesaria para aceptar la premisa 2, y alguien podría decir que el argumento difícilmente convencerá a nadie si no se justifica previamente esta asunción. Según esta crítica potencial, como el pensamiento dominante y, cabe esperar, generalizado, en una sociedad liberal-contractualista, rechaza la Negación del Principio Indiscriminado de Libertad (NPIL), el abolicionista tiene la carga de probarla si pretende que el resto de su argumento resulte convincente. Sin embargo, no está tan claro que “la sociedad” en su mayoría o en su conjunto piense así: existen diversos contraejemplos a la aplicación indiscriminada del Principio de Libertad (PL, tal y como lo llama Nozick, aunque él lo define literalmente como: “no es injusto que las personas transfieran libremente su propiedad a otras personas”), casos en los que las condiciones del PL se respetan pero que son intuitivamente inmorales y mayoritariamente rechazados. Consideremos la esclavitud voluntaria: la mayoría consideraría que una relación de esclavitud es inmoral incluso si el esclavo ha aceptado voluntariamente someterse a otra persona por medio de un acuerdo libre, en plena posesión de sus facultades cognitivas. Ciertas transacciones materiales acaecidas en dichas condiciones (libertad y plenitud de facultades cognitivas) también suelen recibir la condena social, como la venta de las hipotecas subprime o las preferentes. Hay quien podría objetar que estas transacciones no constituyen contraejemplos genuinos, porque en ellas participa un factor que no ha sido tomado en cuenta a la hora de formular la NPIL: el engaño. No basta con que los acuerdos se lleven a cabo entre personas libres y cognitivamente plenas, también es necesario que ambas partes estén plenamente informadas acerca de ese acuerdo. Dado que la venta de las subprimes o las preferentes requirió del ocultamiento a la parte firmante de ciertos hechos relevantes sobre los productos que estaba comprando, dichos contratos no se produjeron en las condiciones que requiere el Principio de Libertad, por lo que es razonable que los encontremos moralmente rechazables. Respecto a la cuestión de la esclavitud voluntaria podría decirse lo mismo: nadie realmente informado sobre lo que implica la esclavitud aceptaría ser esclavo. Hay también quien diría que nadie que aceptara ser esclavo lo haría en plena posesión de sus facultades cognitivas. Sin embargo, estas objeciones se parecen mucho a la falacia informal del auténtico escocés. Es decir, parecen otorgar al Principio de Libertad una defensa especial ante cualquier acusación sobre las consecuencias morales indeseables de dicho principio. Siempre que surgiera un debate sobre la inmoralidad de un acuerdo llevado a cabo por dos personas libres en plena posesión de sus facultades cognitivas, el defensor de PL podría alegar que nadie que cumpliera auténticamente esas condiciones aceptaría un acuerdo inmoral. (Esta es una estrategia posible. Otra es aceptar la moralidad de la esclavitud voluntaria. Así lo ha hecho el economista liberal Walter Block. No discutiré aquí esa otra estrategia). En cualquier caso, cabe preguntarnos qué tienen en común todas estas situaciones que, respetando aparentemente las condiciones del PL, nos resultan intuitivamente inmorales (tanto para los defensores de NPIL como para los de PL, que siguen defendiendo su principio alegando que las condiciones aparentemente respetadas en realidad no lo han sido). ¿Qué tienen, pues, en común, estos acuerdos libres pero inmorales? En primer lugar, descartemos los acuerdos que son inmorales por las mismas razones que hacen inmorales a ciertas acciones individuales. Si dos personas llegan a un acuerdo para matar o robar a una tercera, entonces es obvio que este acuerdo es inmoral, pero no por motivos esencialmente distintos a que lo es matar o robar individualmente a un tercero. Algunos argumentos clásicos contra la prostitución podrían pertenecer a este tipo de sanción moral. Según la religión cristiana, por ejemplo, la prostitución podría ser inmoral simplemente porque lo son todas las interacciones sexuales fuera de matrimonio, y aún más, todos los deseos sexuales individuales dirigidos a cualquier persona con quien no se esté casada (Mateo 5:27-28). En ese sentido, el acuerdo entre dos personas para tener sexo a cambio de dinero podría ser inmoral en el mismo sentido en que lo es el acuerdo entre dos personas para atracar un banco: una alianza entre dos personas para transgredir una norma moral aplicada también a los individuos por separado. No voy a profundizar en esta clase de argumento contra la prostitución, pero en mi opinión merece más atención de la que ha recibido, ya que podría recoger algunas intuiciones extendidas aunque no siempre explicitadas sobre la prostitución. Esas intuiciones no son necesariamente religiosas. Un marxista, por ejemplo, podría condenar la prostitución por tratarse de una clase más de parasitismo social. El parasitismo (vivir sin trabajar) es una inmoralidad en la que puede incurrirse individualmente. La prostitución, según esta visión, solo sería inmoral en la medida en que dos personas participarían a la vez de una actividad individual parasitaria. Los contraejemplos al PL que he mencionado antes tienen en común que una de las partes del acuerdo resulta objetivamente perjudicada. Reconocemos la diferencia entre la consideración subjetiva del acuerdo por parte de una persona y los beneficios o perjuicios que, objetivamente, ese acuerdo le acarrea, incluso aunque nosotros, como jueces externos, tampoco seamos capaces de calcularlo con exactitud. Nuestros juicios subjetivos sobre la moralidad de los acuerdos, contratos y transacciones presuponen la existencia de un equilibrio ideal al que deberíamos tender moralmente, si bien nos resulte imposible concretar dicho ideal, y las opiniones varíen en extremo de persona a persona. A pesar de dichas dificultades, en todo tiempo y lugar las sociedades humanas han aspirado a establecer límites a los acuerdos objetivamente perjudiciales: toda la legislación contractual y laboral es prueba de esta aspiración, si bien sigue sin satisfacer a nadie ya sea porque establece demasiados límites al Principio de Libertad, ya sea porque no establece los límites necesarios. En mi opinión, la vigencia de dicha legislación y la aceptación de sus contenidos mínimos por parte de gran parte de la sociedad muestra que el abolicionista no tiene la carga de la prueba en lo referido a la NPIL. Es el defensor del Principio de Libertad (por muy regulacionista que sea en materia de prostitución) quien tiene la carga de probar su aplicación universal e indiscriminada. Los perjuicios objetivos provocados por un acuerdo libre son de diversa índole, y no siempre implican una desigualdad material entre las dos partes al cabo del mismo. Si, tal y como cuenta la leyenda, Manhattan fue comprada por 24 dólares a los nativos americanos, este acuerdo provocó un perjuicio objetivo (aunque quizá los nativos quedaron subjetivamente satisfechos) en tanto que resultó materialmente desigual. Cuando se debate sobre la moralidad de la prostitución no suele hacerse referencia a esta clase de perjuicio. Según la opinión abolicionista mayoritaria, incluida la mía, la prostitución seguiría siendo inmoral incluso aunque se tratase de la profesión mejor pagada. Por tanto, la prostitución debe causar un perjuicio objetivo de otra índole, y no resulta fácil concretarla. Ya hemos dicho antes que las dificultades para establecer con exactitud las condiciones de un acuerdo justo no implican que sea inmoral imponer restricciones a las posibles injusticias. Pero un regulacionista podría objetar: “cierto que la legislación laboral varía, de forma que mientras ayer era legal contratar a alguien por menos de 900 euros, hoy no lo es. El hecho de que nos sea imposible explicitar unas condiciones justas para nuestro trabajo no debería impedirnos tratar de mejorarlas. Pero al argumentar en contra de la prostitución no estás afirmando que la injusticia de que son objeto las prostitutas dependa de estas condiciones cuantitativas o gradualmente variables, como su salario o su jornada laboral. Al afirmar que la prostitución, se dé en las condiciones en las que se dé, es inmoral, le atribuyes una injusticia de índole cualitativamente distinta a las demás injusticias. Para defender la existencia de una injusticia cualitativamente diferente a las que se dan en el mercado laboral sí se requiere explicitar un hecho diferencial adicional de la prostitución”. Esta objeción es justa, y no es fácil dar con el hecho diferencial adicional requerido. De existir, parece que hay que encontrarlo en aquello que tiene en común la prostitución con los otros contraejemplos al PL que hemos mencionado antes: la esclavitud voluntaria o las transacciones fraudulentas. Tampoco es sencillo explicitar la razón por la que la esclavitud voluntaria implica una injusticia cualitativamente diferente a los trabajos injustamente remunerados y, sin embargo, pensamos intuitivamente que tal diferencia existe. ¿En qué radica tal diferencia? Es posible que en el fondo se trate de una diferencia más gradual o cuantitativa de lo que cabría esperar. Después de todo, la esclavitud es un concepto vago. A veces afirmamos, no sin razón, que ciertos contratos de trabajo son propios de un esclavo. Al hacerlo, puede que estemos asumiendo que lo único que hace inmoral la esclavitud voluntaria es que somete a un individuo a ciertas condiciones laborales especialmente duras, y nada más que eso. Lo mismo podría decirse, tal vez, sobre la prostitución. Un regulacionista podría alegar que su requerimiento anterior no se ha cumplido, pretextando la siguiente objeción: “Tu argumento incurre en circularidad porque asume que la prostitución implica, en todo tiempo y lugar, condiciones especialmente duras; pero esto es precisamente lo que se te requería que justificases. Dado que lo duras que resultan las condiciones de un trabajo depende en gran medida de las experiencias subjetivas del trabajador, el que la prostitución sea dura o no dependerá de las mujeres que tomen la decisión de prostituirse. ¿Qué ocurre si para una mujer las condiciones de la prostitución no resultan duras en absoluto, o resultan más llevaderas que, por ejemplo, las del trabajo de maestra, ya que ella siente pánico hacia los niños?” Esta objeción es una crítica a la segunda premisa de mi argumento, es decir, al carácter objetivo del perjuicio en los acuerdos. Como el debate sobre la objetividad o subjetividad de la moral es muy general, aquí solo lo abordaré en su aplicación a la prostitución. Dado que no todas las personas percibimos igual unas mismas condiciones de trabajo (es más, podríamos aceptar que cada una las percibimos de forma totalmente subjetiva), encontramos razonable que cada una trate de encontrar aquellas condiciones que mejor se adecúan a su propia psicología. Es en parte por esto por lo que encontramos moralmente aceptable la división del trabajo y, en última instancia, la libertad para escoger nuestra propia profesión. Sin embargo, este Principio de Libertad está sujeto a contraejemplos similares a los que se han mencionado antes. El que cierta gente se encuentre psicológicamente satisfecha con su profesión de mafioso no implica que la mafia sea moralmente aceptable. ¿Qué hay de la profesión de prostituta? En primer lugar, yo hubiera querido limitar el debate a la cuestión de los acuerdos de prostitución particulares (así lo he hecho desde el principio), aunque supongo que podemos caracterizar la profesión de prostituta como una realización sistemática de acuerdos de prostitución particulares a lo largo del tiempo. Doy por supuesto que si un acuerdo de prostitución es inmoral, lo es también su realización sistemática. Pero no solo es eso: la razón principal por la que un acuerdo de prostitución es inmoral es que lo es su sistematización. Esta es la intuición que he querido plasmar de manera más técnica en la tercera premisa: un acuerdo perjudica objetivamente a una de sus partes si lo que debe aportar al acuerdo no es una aportación universalizable en una sociedad funcional (Principio de Universalización de los Bienes de Intercambio, PUBI). No tiene sentido ocultar que este principio de universalización tiene una clara inspiración kantiana. El propio Kant se expresó en contra de la prostitución apelando al imperativo categórico, aunque empleando la versión humanista del mismo (obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio) en lugar de la versión de la universalizabilidad (obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal). Lo que dijo literalmente es: “permitir que una persona saque un beneficio económico de que la use otro para satisfacer el deseo sexual, hacer de sí misma un objeto de demanda, es (…) hacer de sí misma una cosa con la que otro satisface su apetito, tal y como calma su hambre con un filete”. En mi opinión, condenar la prostitución porque trata a la mujer como un medio y no como un fin en sí mismo es un argumento endeble. En una sociedad capitalista cualquier trabajador asalariado hace de sí mismo un objeto de demanda: ¿dónde está la diferencia cualitativa de la prostitución? Un marxista podría decir que esta conclusión no tiene nada de malo: significa que el imperativo categórico nos exige condenar moralmente el trabajo asalariado en general, no solo la prostitución. Acepto esta posibilidad, pero aquí me estoy limitando a argumentar que la prostitución es cualitativamente diferente al trabajo asalariado. Tampoco he empleado la ley de universalización tal y como la propuso Kant porque, en sí misma, me parece insuficiente para sostener una condena moral de la prostitución (a decir verdad, para sostener cualquier tipo de condena moral). Pero, si bien en puridad las diversas formas del imperativo categórico me parecen poco útiles, sí creo que capturan una intuición importante. Y es que, cuando condenamos un esporádico acuerdo de prostitución, no lo hacemos tanto preocupados por las posibles consecuencias negativas de ese acuerdo concreto, ni siquiera porque una parte esencial de la dignidad de una persona haya sido violentada en algún sentido, sino porque consideramos que alguien ha obtenido dinero de un modo que no puede o no debe universalizarse como medio de obtención de dinero. Una vez más, esta afirmación no tiene nada de sorprendente cuando hablamos de acuerdos en los que la parte que emplea métodos no universalizables es la parte objetivamente beneficiada. Las hipotecas subprime o las preferentes, al no ser métodos universalizables de obtención de dinero, también implican un acuerdo inmoral. En ese sentido, cualquier acuerdo es inmoral si lo que debe aportar cualquiera de las partes al acuerdo no es una aportación universalizable en una sociedad funcional. La tercera premisa del argumento podría, quizá, sustituirse por la frase anterior (la segunda premisa del argumento sería así superflua). Sin embargo, lo curioso y particular de la prostitución (aunque también de otros tipos de acuerdo como la esclavitud voluntaria, la compra-venta de órganos y, quizá, la gestación subrogada) es que la aportación no universalizable la ofrece la parte del acuerdo que sale objetivamente perjudicada del mismo. Hay quien podría decir que a efectos lógicos el resultado es el mismo: la prostitución es inmoral por la misma razón que la venta de preferentes. En mi opinión, la diferencia moral es grande. Tal y como está construido mi argumento, nos permite condenar moralmente la prostitución sin condenar a la persona obligada a prostituirse, reconociendo explícitamente que la prostituta es la parte perjudicada del acuerdo. Esto no podríamos hacerlo suprimiendo la premisa 2 y sustituyendo la premisa 3 por “cualquier acuerdo es inmoral si lo que debe aportar cualquiera de las partes al acuerdo no es una aportación universalizable en una sociedad funcional”. Para mí, negar esta diferencia sería tanto como atribuir un mismo estatus moral a la prostituta y al vendedor de preferentes, cosa que no acepto. Ahora bien, atendiendo a la tercera premisa tal y como ha quedado redactada, el regulacionista podría esgrimir una clase de crítica comúnmente dirigida al imperativo categórico. “Es cierto que si todo el mundo empleara la prostitución como método para obtener dinero (o, más en general, satisfacer sus necesidades o alcanzar sus fines) no habría sociedad funcional, pero lo mismo podría decirse de una situación hipotética en la que todos decidiéramos ser electricistas o filósofos. Toda sociedad requiere para su supervivencia de una cierta diversidad en la elección profesional de sus ciudadanos”. En primer lugar, quisiera aclarar el uso del concepto “sociedad funcional” en oposición al “reino de los fines” kantiano, o cualquier otro constructo teórico innecesariamente exigente para la puesta en práctica de situaciones contrafácticas con las que poner a prueba nuestro principio de universalización. Asumo como axioma ético el hecho de que ninguna acción que imposibilite la supervivencia de una sociedad funcional puede ser moral, donde lo único que implica “funcional” es que la sociedad no se encuentre en constante estado de guerra (una guerra destinada a destruir un tipo de sociedad funcional podría ser moral, siempre y cuando llevara consigo el deseo de construir una sociedad funcional diferente, no simplemente sustituir la anterior por un constante estado de guerra). En segundo lugar, el regulacionista comete un error de interpretación del principio de universalización de bienes de intercambio. A la hora de someter a escrutinio moral la prostitución, no estamos señalando el hecho evidente que si todo el mundo desease ejercer profesionalmente la prostitución la sociedad sería inviable (tan inviable, en efecto, como si todo el mundo desease ser electricista o filósofo), estamos cuestionando la viabilidad de la sociedad en el caso de que todos ofreciéramos servicios sexuales como un bien de intercambio. En tercer y último lugar, lo que una persona adulta aporta a la sociedad a cambio de la satisfacción de sus necesidades personales (o el dinero para satisfacerlas) es un conocimiento y una destreza capaces de modificar el entorno natural y social. En otras palabras, aporta trabajo. Dado que lo que se requiere para la satisfacción de sus necesidades es también el trabajo de otras personas, este intercambio resulta intuitivamente moral. Cuando, a cambio de la satisfacción de sus necesidades (o de dinero), una persona se ve obligada a aportar algo que el resto de la sociedad no podría aportar en sus intercambios para que ésta siguiera siendo funcional y viable, se produce la clase de perjuicio objetivo al que se refiere la tercera premisa del argumento (PUBI). He aquí, pues, el hecho diferencial adicional que convierte a la prostitución en una injusticia cualitativamente distinta a las que ocurren en el mercado laboral, y por la cual no basta con intentar mejorar sus condiciones, sino que procede abolirla. La premisa, cabe reconocer, es frágil. Puede existir una gran tentación de preguntarse si una sociedad donde los servicios sexuales valen como moneda de cambio puede ser funcional o viable. Después de todo, ¿no han existido sociedades esclavistas harto funcionales? Obsérvese que, en toda sociedad esclavista, los esclavos solo forman una parte limitada de la población: lo que aportan los esclavos al intercambio social, la total soberanía de su cuerpo y tiempo disponible, no es en ningún sentido universalizable ni siquiera en las sociedades esclavistas. Asimismo, puede achacarse a la premisa una negación arbitraria del estatus de “trabajo” a la práctica de la prostitución. No hay motivo, según esta objeción, a excluir la prostitución de esa vaga definición que aquí se ha ofrecido del trabajo (“un conocimiento y una destreza capaces de modificar el entorno natural y social”). Esta definición es, sin duda, vaga y torpe, pero no creo que la prostitución pueda ser incluida en ningún tipo de definición del trabajo que no sea “cualquier cosa que se hace por dinero”. Bajo esta definición caería también la automutilación y venta de los órganos corporales de cada uno. Por este mero razonamiento ad consequentiam, no puedo admitir dicha definición. Estoy seguro de que la defensa del argumento que se ha expuesto aquí está sujeta a estas y muchas más críticas. El análisis y la reflexión de estas críticas podría exigir alguna modificación de su formulación lógica inicial. Pero creo que esta formulación lógica del argumento no es un blanco fácil para las críticas, y que podría servir como una buena estrategia abolicionista si desarrolláramos debidamente la justificación de sus premisas y asunciones más controvertidas.
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Trigeo

Filosofía UPV/EHU
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